La Secretaría de Estado de Educación ha convocado subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro destinadas a centros sostenidos con fondos públicos para prestar tareas de apoyo educativo, lo que supondría el deterioro y sustitución del empleo público por otro de peor calidad y con menos derechos.
Con la excusa de garantizar el derecho al apoyo educativo al alumnado que presenta necesidad específica de apoyo educativo contenido en la LOE (por tener necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por sus condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado), la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades ha convocado, mediante una resolución, subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para el curso escolar 2013-2014, destinadas a centros sostenidos con fondos públicos en cualquiera de las Comunidades Autónomas.
Es decir, esta Resolución puede tener como resultado que los centros públicos de Aragón se vean “obligados” a utilizar este “servicio compensador” ante los recortes de plantillas impuestos por el Gobierno de Aragón. Especialmente pueden verse afectados los trabajadores con dedicación específica a la atención a la diversidad, Orientación en Educación Secundaria, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica en los centros de Infantil y Primaria, Equipos de Atención Temprana y Motóricos, maestros especialistas de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, Fisioterapeutas y Auxiliares de Educación Especial y todo el profesorado en general.
En la actualidad, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo es atendido en los centros públicos por profesorado y otros profesionales no docentes con una alta cualificación profesional y presta servicios de contrastada calidad; estando sujetos a la supervisión de la Administración Educativa.
Las actuaciones que pueden realizar estas personas de las Asociaciones en nuestros centros educativos se refieren a actividades y tareas que desarrollamos diariamente los docentes en nuestro trabajo en los colegios e Institutos, por poner algunos ejemplos:
- Acceso al currículo y a los recursos educativos.
- Promoción del desarrollo integral del alumno.
- Apoyo y refuerzo educativo dirigido al desarrollo de las capacidades del alumnado
y la adquisición de las competencias básicas del currículo.
- Apoyo y asesoramiento a la comunidad educativa (padres, alumnos, profesores) en
el conocimiento, comprensión y atención a las necesidades de los alumnos.
- Elaboración y aportación de materiales específicos a los centros para favorecer el
aprendizaje del alumnado.
- Orientación, asesoramiento y formación familiar.
- Actividades de mediación.
- Refuerzo en el uso de las TICs dirigido al alumnado.
- Formación en orientación e inserción laboral.
La utilización de personal privado, no sabemos con qué cualificación profesional ni proceso de selección o valoración para entrar en estas Asociaciones, en centros públicos para realizar estas actuaciones mencionadas, además del deterioro y sustitución del empleo público por otro de peor calidad y con menos derechos, constituye, a juicio de la Federación de Enseñanza de CCOO, una usurpación de funciones y responsabilidades por personas que, dada su modalidad de contratación (a través de empresas privadas) o formación no reúnen los requisitos para llevar a cabo estas tareas en centro públicos.
Tampoco garantiza los principios de igualdad, mérito, publicidad y capacidad necesarios para desempeñar funciones en el sector público. En todo caso, de producirse la intrusión de este personal en los centros públicos, nuestro sindicato recurrirá una por una todas esas actuaciones, por entender que contravienen la legalidad.
Zaragoza, 12 de junio de 2013
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